primera parte
Por: Luis Hernández Estrella.
En teoría, los sindicatos en México se crean como organizaciones de trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, según reza el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene el principio de que, todo sindicato, para estar en condiciones de defender sus intereses; debe estar libre de toda presión extraña; además, que sus miembros estén bien organizados, bien informados y bien dirigidos.
Pero, en el terreno de los hechos, los sindicatos ni estudian, ni defienden, mucho menos informan y mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, y su conducción va aparejada con los intereses de los dirigentes sindicales; la muestra viva de que los sindicatos no cumplen con el propósito para el que se crean, está en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), un sindicato en el que los puestos directivos son un simple botín, donde los deseos constantes de beneficiarse con el puesto colman las preocupaciones de sus líderes.
Líderes “charros” que se entronizan en los cargos directivos del SNTSS, no precisamente en busca del bien común entre sus agremia-dos. Dirigentes que evitan involucrarse en confrontaciones con la parte patronal para conservar los privilegios que ésta les otorga.
Dirigentes sindicales que no defienden los derechos de los trabajadores, de tantos agravios cometidos en su contra, pues se coluden en alianzas perversas y continuas con los titulares más arbitrarios y corruptos del IMSS, convirtiendo a esa organización sindical en moneda de cambio en donde los derechos sindicales de la base trabajadora es la materia prima que se negocia al mejor postor.
En Campeche, los ejemplos de co-rrupción de la dirigencia del sindicato del IMSS están latentes en el ánimo de los trabajadores, lo que deja ver de qué tamaño es ésta y cómo se genera dentro de este gremio con una dirigencia cooptada por sus propios intereses.
En el SNTSS Sección XXVII Campeche, hasta el titular del Ejecutivo del Estado se inmiscuye, tomando en muchos casos el control de sus acciones, dictando órdenes, poniendo y quitando a directivos, trabajadores y funcionarios; una dirigencia dispuesta a todo menos a la defensa de los derechos e intereses de sus agremiados, un sindicato perdido en la vorágine de sus propias ambiciones, que lo hace fracasar en los principios de su verdadera concepción para convertirse en una cueva profunda de corrupción.
Esto es lo que mueve a la dirigencia del sindicato del IMSS a preocuparse por los intereses de la ins-titución, en lugar de los intereses de los trabajadores, pues aquélla es la que, al fin y al cabo, les asegura su futuro económico y fortalece su liderazgo charro, independientemente de los cargos que posteriormente obtienen, como producto de su fidelidad al sistema y al PRI.
Tanto para los funcionarios del IMSS como para los representantes y dirigentes sindicales, ésta es la fórmula de polución que les permite ascender a sus familiares a puestos más altos, a favorecer al amigo, al compadre, al oportunista y hasta a hacer carrera política dentro del PRI, al que sirven de manera corporativa y sumisa, aunque la defensa de los derechos de los trabajadores se convierta para el gremio en una mera utopía, perdiendo así el objetivo de la constitución de estas organizaciones.
Muchos testimonios de trabajadores refieren cómo durante la administración de Juan Cobo Ibarra, en su papel de Secretario General del Sindicato del IMSS, obligó al personal médico y de enfermería a prestar sus servicios en las brigadas médicas que el PRI “organizaba” como parte de las campañas proselitistas de sus candidatos.
También aseguran que Cobo Ibarra actuó con entera impunidad en muchos hechos de tipo laboral y fuera de ellos, con lo cual favoreció a gente cercana a él con plazas en el IMSS.
Uno de estos sucesos ocurrió cuando a la señora Socorro Cardona, Juan Cobo le adjudicó, de manera directa, una plaza de base como asistente de consultorio, sin cumplir con los requisitos de forma y de fondo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, pasando sobre los derechos de muchos trabajadores que esperaban pacientemente y por años una base o una promoción sindical; para ello, contó con la anuencia y complacencia de los titulares del área de selección de personal, a cargo desde aquél entonces, de José Luis Reyes Carrera y Santiago Cambranis, entre otros.
Esta situación obligó a algunos trabajadores a recurrir a la autoridad laboral para impugnar estas violaciones a sus derechos laborales, debido a que se les afectó, de manera directa, en sus garantías escalafonarias avaladas por sus conocimientos, experiencia y antigüedad en el cargo.
Cobo Ibarra gustaba mucho del engaño, refiere uno de sus colaboradores de esos años, y en sus relatos señala que, en cierto momento de su paso por la Secretaría General del Sindicato del IMSS en Campeche, comunicó a los trabajadores la obtención de un terreno en donación por el Ayuntamiento de Campeche, en el cual se construiría la Unidad Deportiva de los empleados de esa Institución de Seguridad Social.
Sin embargo, nunca se realizó esta obra, los motivos tampoco se saben, como nadie supo el fin que tuvo este terreno ubicado en el libramiento carretero de la Ciudad de Campeche, entre la harinera y el Motel “La Finca”; incluso, el letrero que anunciaba la construcción de dicha unidad deportiva ya desapareció.
La venta y tráfico de plazas fue una de los constantes actos de corrupción en los que funcionarios del IMSS incurrieron con la anuencia de la dirigencia del sindicato que lo permitió, pese a que, con ello, se afectaban seriamente los derechos de los trabajadores sindicalizados.
Este es uno de los muchos sindicatos en el que sus dirigencias se corrompen ante el poder del dinero y no permiten la libre organización laboral y la libertad de expresión abier-tamente, pues en parte se trata de que, con estas acciones, se tenga el control de las protestas en contra de los gobiernos de los estados; y de paso, fortalecer a la parte patronal, lo que ha ocasionado el deterioro y la inseguridad jurídica y social de sus agremiados.
Hay que mencionar también la forma vergonzosa con la cual estos líderes avalaron sin chistar la reforma a la Ley del Seguro Social, con la que pusieron de rodillas a los trabajadores y su sindicato ante la Institución. Basta una lectura superficial de esta reforma para acreditar que con la misma, así como hace poco pasó con la Ley del ISSSTE, se deja a los asegurados trabajadores y a sus familias completamente en estado de indefensión, haciendo nugatorios todos los derechos y avances adquiridos en más de 50 años de legislación en materia de seguridad social. Lo mismo pasó con la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, supeditando aún más los derechos y la autonomía sindical a los designios y control de las autoridades del IMSS.
Y es que el entreguismo perenne de los dirigentes del sindicato del IMSS en Campeche hacia las autoridades de esa Institución, ocasionaron que en el período fatídico de Víctor Manuel Méndez Lanz, la corrupción de este individuo involucrara aún más a las autoridades y dirigentes sindicales.
Habrá que recordar que durante las campañas electorales de 1997, se publicó en el periódico de circulacion nacional “REFORMA”, el 14 de mayo de 1997, bajo el titulo: “FRAUDE EN EL IMSS”, un desfalco por 600 mil pesos durante la gestión de Víctor Manuel Méndez Lanz, el cual consistió en la compra “fantasma” de medicamentos, pero que, sin embargo, el testimonio de personas cercanas al problema, refieren que este fraude al IMSS en Campeche, alcanzaba la cantidad de 106 millones de pesos, y no la suma que se dio a conocer a los medios.
El testimonio de varios empleados aseguran que Víctor Manuel Méndez Lanz fue uno de los artífices de ese fraude, pero que la mano de la justicia nunca lo alcanzó pese a que todo apuntaba hacia él, pues como Delegado del IMSS, tenía la responsabilidad de denunciar a quienes cometían tales hechos, pero la protección de un sistema de gobierno corrupto, como el de los priístas, hasta le permitió ser Presidente Municipal de Campeche.
Nunca asumió su responsabilidad en este hecho, a pesar de que sus subalternos le advirtieron oportunamente de lo que pasaba con la entrega de medicamentos en las farmacias del IMSS, con todo y que se le presentó la documentación correspondiente que sustentaba el ilícito, pero que, en contraposición, acuñó su propia frase al suceso: “En una Institución que se manejan miles de millones de pesos, 106 millones… no representan nada, olvídenlo”.
¿En este hecho fue el sindicato cómplice por omisión? De inicio pareciera que no, pero de acuerdo a lo publicado en el periódico “REFORMA” el 19 de mayo de 1997, deja claro que siempre existió un contubernio entre el Delegado del IMSS y la dirigencia sindical.
Según relatan los propios trabajadores; en la farmacia del IMSS se hacían entregas simbólicas de medicamentos que se amparaban con facturas y documentos, simulando que la entrega física se hacía de manera correcta; sin embargo, la descarga de los mismos se originaba en las instalaciones del sindicato del Seguro Social en Campeche, para ser utilizadas en las campañas del PRI.
Hecho que desde el año de 1994 había denunciado el doctor José Montejo Blanco, sobre la utilización de medicamentos del sector salud en la campaña de Antonio González Curí, como candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital del estado.
En todo esto, siempre se vinculó al doctor Juan Cobo Ibarra, quien en 1997, como funcionario sindical, ostentaba el cargo de representante nacional de su sindicato en el Estado de Campeche, por lo que accedió a ser coordinador de las brigadas médicas en la campaña de Antonio González Curí al Gobierno del Estado.
Pero, además, Cobo Ibarra reconoce, en una entrevista en esa época con el diario “REFORMA”, de circulación nacional, que el sindicato del sector salud se encontraba integrado a la campaña proselitista del candidato del PRI, admitiendo de hecho la práctica del corporativismo sindical, contra el que tanto han luchado los trabajadores para erradicarlo.
Era Cobo Ibarra quien coordinaba mediante las brigadas médicas de la campaña de Antonio González Curi, los suministros de medicamentos del sector salud que, de acuerdo a las acusaciones de perredistas de esa época, eran sustraídas del Seguro Social.
Muchos trabajadores del IMSS, de distintas categorías y profesiones, fueron prácticamente obligados por su sindicato a prestar sus servicios en las brigadas médicas de la campaña de Antonio González Curí, en busca de la Gubernatura del Estado, además de que un considerable grupo de ellos relatan las formas de cómo se utilizaban los vehículos y medicamentos del IMSS en esta campaña.
Esta es la Institución Social que los funcionarios priístas durante muchos años saquearon de forma indiscriminada para sostener las campañas de sus candidatos; el relato sobre este tema de uno de los dirigentes de ese entonces, cuando Víctor Méndez Lanz era Delegado de la Institución, muestra el cinismo con el que Méndez Lanz se refería en particular a este asunto, pues en una reunión de trabajo entre el Sindicato y la Institución, se le solicitó a Mendez Lanz, por parte del sindicato, que interviniera para que se incrementaran las plazas en el IMSS en Campeche; la respuesta fue clara: “No hay recursos para crear plazas, todo se ha utilizado en las campañas del partido (PRI)”.
Estas complicidades entre el sindicato y la Delegación del IMSS no han terminado, pues aún después de este escandaloso fraude a la Ins-titución, la corrupción siguió dándose en todas formas y en todos los conceptos de los que pudieran valerse los funcionarios del IMSS y los dirigentes del Sindicato para llevarla a cabo.
En donde la práctica del tráfico de influencias se hace cotidiana y permite constatar cómo la dirigencia sindical tampoco ha cambiado sus prácticas fraudulentas con las que afecta los derechos de muchos trabajadores, en el IMSS numerosos casos pueden documentarse con lo que manifiestan los mismos afectados, que consideran a todo esto parte de la corrupción a la que cada Delegado, en su período de gestión, ha cedido a la tentación de estas practicas inmorales.
Lo ejemplos abundan, como es el caso de Fernando González Jiménez, que refieren los trabajadores ocupaba el puesto de auxiliar universal de oficinas, y que aún cuando carecía de estudios y antigüedad requeridos para ocupar una plaza de nivel 44, equivalente a jefe de oficina, con requerimiento de estudios mínimos de licenciatura o equivalente, se la otorgaron gracias a las influencias que aún guardaba su padre, Fernando González García, con funcionarios de alto nivel de la Institución y del Gobierno del Estado, después de jubilarse como trabajador del IMSS, con categoría de jefe de servicios administrativos delegacionales.
Carlos Marín May, quien desempeñándose como mensajero en las oficinas del IMSS en Campeche, fue promovido a una plaza de nivel 33, correspondiente a jefe de área, adscrito al almacén delegacional, por recomendaciones del Lic. Jorge Gómez Rincón, también jubilado con bombo y platillo del IMSS, para posteriormente, en base a la influencia del contador José Luís Reyes Carrera, obtuvo un puesto de nivel 47, que corres ponde al de jefe de departamento, con un sueldo aproximado de 15 mil pesos mensuales.
En ambos casos, relatan los trabajadores inconformes, nunca cumplió Marín May con el requisito de estudios profesionales que las plazas exigían, pero que ocupó, gracias a los buenos oficios de sus padrinos políticos.
Otro caso es el de Marlene González Pérez, quien de secretaria del área de servicios generales, fue promovida, por influencias del mentado José Luís Reyes Carrera, Jefe Delegacional de Servicios Admi-nistrativos, a una plaza de nivel 44, correspondiente al puesto de jefe de oficina, con requerimientos mínimos de estudios de licenciatura, obligación que no cumplió la bene-ficiada, hecho que los trabajadores atribuyen a que esta persona es esposa del cuñado de Reyes Carrera y por eso se obvió este requisito.
Y es que las recomendaciones de funcionarios de alto nivel siempre estuvieron por encima de cualquier convocatoria o concurso de la plaza a ocupar, tal y como lo establecen las normas internas en estos casos, como el trámite que se hizo con Alberto Romero Rojas, quien sólo necesitó de la palanca del Delegado del momento, Fernando Sandoval Castellanos, para entrar directamente al IMSS Campeche con una plaza de nivel 36, en el área de Informática, para después colocarlo con nivel 49, como jefe de departamento con la misma recomendación.
Otro favorecido de ese entonces por Fernando Sandoval Castellanos para ocupar una plaza de nivel 44, que corres-ponde a jefe de oficina, fue Omar Emilio Rosado Queb. quien sin más trámite le fue adjudicada dicha plaza.
Luís Manuel Sandoval Alonzo fue otro de los agraciados por recomendaciones del Delegado Sandoval Castellanos, pues desde su ingreso a la Institución ocupó una plaza de nivel 52, para posteriormente ser incluido en la “nómina confidencial” de la Institución, manejada por el Delegado.
Víctor Navarrete fue otro de los protegidos del doctor Fernando Sandoval, pues de auxiliar universal de oficinas pasó a ocupar una plaza de nivel 47, tan solo por ser hijo del chofer del Delegado.
Pero la famosa “nómina confidencial”, que se maneja dentro del Seguro Social no es otra cosa que personal recomendado, a los que se incluyen en ella como trabajadores para favorecerlos, pero cuyo lugar de adscripción está en otro estado, pues luego aparecen comisionados al Seguro Social de Campeche, con altos sobresueldos y compensaciones por ser trabajadores con ca-tegoría de foráneos en esta nómina confidencial.
Alberto Autún Richaud, Jefe de Contractuales, refieren los trabajadores, colocó a su esposa en el Centro de Seguridad Social con plaza de base, para después trasladarla al área del departamento de guarde-rías, situación que hizo en prevención para que, al salir la convocatoria para concursar y ocupar una plaza de nivel 41 correspondiente al sistema de guarderías de confianza B, su esposa ya tuviera la antigüedad requerida para adjudicársela sin mayor problema; de estos movimientos tuvo conocimiento, en su momento, la dirigencia del sindicato del IMSS, sin que hiciera nada al respecto, a pesar de que se afectaban derechos laborales de otros trabajadores sindicalizados.
A su hermano Luis Autún Richaud, de auxiliar universal de oficinas, lo pasó al área de contabilidad, como coordinador, sin reunir los re-quisitos, pues sus estudios corres-pondían a los de contador privado o de academia, y la convocatoria pedía cuatro semestres al menos de Licenciatura, con los cuales él no contaba.
El Contrato Colectivo de Trabajo, que rige a la Institución y al Sindicato, establece en una de sus cláusulas que serán los hijos de los trabajadores quienes tengan prioridad en el concurso y adjudicación de plazas; por eso, se tornó sospechoso, en su momento, el hecho de que el C. José Bonilla Centeno, ocupara una plaza de intendente sin guardar este requisito de forma, por no ser hijo de padre trabajador en activo del Seguro Social, y que este nuevo atropello contó también con el visto bueno del Sindicato del IMSS, a quien nuevamente le valió un cacahuate la defensa de los derechos de los demás trabajadores.
Pero la suspicacia se torna más aguda cuando se relaciona y se sabe que José Bonilla Centeno es pariente en primera línea del Lic. José Bonilla, Jefe del Área de Concilia-ción y Arbitraje de la Junta Auxi-
liar Federal en Campeche, en donde las demandas de los trabajadores del Seguro Social por violaciones a sus derechos laborales por parte de la Institución, pocas veces se ven favorecidas por la aplicación del derecho tutelar por parte de sus funcionarios, pues la gran mayoría de estos litigios siempre los gana el IMSS, en los que el Sindicato actúa como testigo de descargo a favor de la Institución.
Pero si este tráfico de influencias de funcionarios del IMSS para favorecer a amigos, incondicionales y familiares en la promoción de puestos dentro del Seguro Social es bastante condenable, por las ilega-lidades que se cometen en contra de otros trabajadores de base, que son excluidos de manera deliberada, ¿cómo se podría calificar el hecho de que el doctor Fernando Bernés García, siendo Secretario General del Sindicato del IMSS, haya promovido a su esposa, Eloísa Bolívar, de secretaria de confianza nivel 14, al nivel 39, ante la amenaza de que esta fuera contemplada en la lista de personal que sería dado de baja, ante los recortes que se dieron en esos tiempos como parte de la política de austeridad del IMSS?
En muchos de estos casos, el sindicato debió de protestar y, hasta incluso, impugnar las desi-gnaciones, puesto que, con estas prácticas indebidas e ilegales en la adjudicación directa de plazas a empleados incondicionales y parientes de los jefes, se violentaba y se siguen violentando los derechos de muchos trabajadores miembros del Sindicato; sin embargo, esto se torna imposible puesto que su dirigencia también forma parte de estos ilícitos en contubernio con la empresa.
Si no fuere así, cómo se explican las ventas de plazas que, al menos en un documento en poder de esta revista, demuestran que se hacen por funcionarios de la institución en la que, desde lue-go, estaba de acuerdo el sindicato, pues si no, entonces quién firmaba los documentos de ingreso como trabajadores de base.
En el año 2001, en un escrito dirigido al doctor Fernando Sandoval Castellanos, delegado en aquél entonces, una trabajadora por contrato de honorarios del IMSS, externó su queja y pidió que se investigara y sancionara a quienes de alguna manera no le cumplieron con el otorgamiento de una plaza de base para la cual había pagado la suma de $15,000.00 (Quince mil pesos).
En su relatoría de hechos, esta persona acusaba haber tratado de manera directa el asunto con el Sr. Gedeón Ortiz López, quien ocupaba el cargo de Jefe de Relaciones Contractuales de la Delegación Estatal del IMSS, mencionando incluso a otros trabajadores que, junto con el mencionado, actuaban en contubernio para llevar a cabo este tipo de ilícitos.
Estos sucesos dejaban en claro la sospecha de que, detrás de todo este negocio, había funcionarios de la Directiva del Sindicato del IMSS, puesto que en toda contratación de trabajadores de base, el Sindicato tiene que dar su visto bueno, avalando los nombramientos.
En la actualidad, y bajo la dirección del doctor Santamaría, el Sindicato no ha cambiado en nada sus singulares “formas” de defensa de los derechos de los trabajadores del IMSS; es más, simplemente no los defiende, pues en todo tipo de controversia que se suscite entre la empresa y un trabajador de base, es el Sindicato el que defiende primero los intereses de la empresa antes que velar por los derechos de los trabajadores.
Hay trabajadores que, irónicamente, refieren que el lema de este Sindicato tal parece que es: “POR UN SINDICALISMO EN LA DEFENSA DEL PATRÓN, EN CONTRA DE LAS ARBITRARIEDADES DE LOS TRABAJADORES”.
