Por Carlos Martínez.
Por enésima vez, quedó demostrado que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), está dividido; que existen dos grupos de consejeros electorales, cuando menos, con intereses opuestos.
Y ello quedó comprobado al aprobar dicho órgano el apoyo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el suministro, ¿en calidad de préstamo?, ¿o de comodato? (no sabemos exactamente de qué, porque el Instituto no fue transparente), de una urna electrónica, conjuntamente con la prestación del asesoramiento técnico, para su utilización en las elecciones internas de su dirigencia estatal o municipal.
Nuevamente, el Consejero Electoral Jorge Luis Pérez Curmina, externó su desacuerdo y votó en contra, al tratar inútilmente de transparentar el convenio relativo a dicho préstamo, comodato, o qué se yo, el cual supuestamente se procedería a firmar por las autoridades representantes del Instituto con la dirigencia de dicho partido, documento que en ningún momento se hizo público, cuando de lo que se trata es de cuestiones públicas, porque la urna en cuestión o fue adquirida o fue rentada o se le dio en comodato a dicho órgano electoral, por una institución electoral o, tantito peor, por un particular; esto sólo podremos saberlo si se dan a conocer los términos ya no de uno, sino de los dos actos jurídicos en juego: 1.- Bajo qué términos recibió la urna el Instituto Electoral y de quién, y 2.- Bajo qué términos éste lo entregó para el uso exclusivo de un partido político.
Como dos de los principios esenciales del IEEC son la legalidad y la imparcialidad, es lógico, también a la luz de las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública, que el Instituto sólo puede convenir lo que la ley le permite, y en aras de la imparcialidad, al ser iguales los partidos políticos representados en el Consejo en cuanto a los derechos que les concede el Código y la Constitución, pues cualquiera tiene el derecho de celebrar el mismo convenio o contrato o como se le llame, para tener acceso a dicha urna; y por lo tanto, para que no exista imparcialidad, también cualquiera tiene el derecho de conocer los términos en que se conviene esta cesión o préstamo o lo que fuere.
Sobre todo, tomando en consideración que el código de la materia no establece claramente esta atribución por parte del Consejo, aunque sí establece la firma de convenios con las autoridades del ramo para la celebración de las elecciones estatales y municipales; entonces, queda más claro que era necesariamente legítima la petición del Consejero Pérez Curmina, al votar porque se dieran a conocer a los integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto, los términos del susodicho acuerdo o convenio o contrato, o lo que fuere; ¿por qué, pues, la cerrazón y la necedad de no dar a conocer los términos del mismo?, ¿es que dar a conocer dichos acuerdos dejaría mal parados a las autoridades electorales?, ¿qué ocultan? Si no hay nada ilegal, por qué no dar a conocerlo y cumplir con la transparencia.
De Celina Castillo Cervera entendemos perfectamente su postura de opacidad y de cerrazón informativa, tanto a los partidos políticos integrantes del Consejo, como a la opinión pública; también del Secretario Ejecutivo y, en general, de la estructura directiva del Instituto, que está sujeta a los dictados de la señora Presidenta; pero, ¿y el resto de los Consejeros Electorales?, ¿y los consejeros del Poder Legislativo?, ¿por qué no dijeron ni pío?
Sin embargo, esta fue, paradójicamente, la estocada final de la Consejera Presidenta, porque para nadie es un secreto que fue impuesta en el cargo mediante un acuerdo cupular del PRI y del PAN, con la bendición y visto bueno del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, ya algunos integrantes de estos y otros partidos de oposición se preparan para cantarle las golondrinas.
Encumbrada al cargo también por su antiguo jefe y protector, el entonces Secretario de Gobierno y actual Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, quien también es uno de los aspirantes y suspirantes a ocupar la silla predilecta del Cuarto Piso del Palacio de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio, Celina Castillo también se ha distinguido por su tozudez y necedad a reconocer la supremacía del Poder Legislativo, quien la nombró, y ha desafiado la legitimidad que tienen los legisladores locales para llamarla a cuentas, a lo que prácticamente se ha negado.
Volviendo al punto, si analizamos el asunto de la “ayuda” del IEEC, o más bien, de la Presidenta del IEEC, al partido en el poder en Campeche, con respecto al “préstamo” de la urna electrónica, entendemos que, si bien es cierto que el código electoral no prohíbe expresamente este tipo de convenios o acuerdos, y que a la luz de los principios rectores del órgano electoral y por elemental congruencia jurídica y política, era absolutamente necesario que se dieran a conocer sus términos a los integrantes de su máximo órgano de dirección, entre los que se encuentran los representantes de los partidos políticos, y esto no se hizo en franca violación a dichas normas, nada evita que cualquier ciudadano común lo solicite vía transparencia y acceso a la información pública, con lo que se entraría de nuevo en un proceso y discusión ya explorado y en el cual ya se sentaron criterios por las autoridades competentes; es decir, que dicha información es de interés público y se tiene que dar a conocer a quien lo solicite.
Desde luego que en esto hay algo más de fondo, y lo saben perfectamente las autoridades del IEEC: que lo más probable es que dicho convenio nunca se haya redactado, porque así convenía a los intereses de Celina Castillo, ya que siendo hija política predilecta de la familia feliz y del partido en el poder, consideró que no había necesidad de ello y que sí podría ser comprometedor; aunque a la luz de la Constitución y de la Ley, todo acto de autoridad deba documentarse.
¿Por qué se negó dicha información a los partidos políticos, si tanto se presume de democracia y transparencia dentro de la institución electoral?
Llama poderosamente la atención también que el representante del PRD ante el IEEC, Víctor Améndola Avilés, solicite el mentado convenio y el órgano electoral se le niegue, y este Representante, que ya sabemos de qué pie cojea, no haga nada para impugnar esta violación a sus derechos partidarios ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes; y en ese mismo tenor, los demás partidos políticos.
Sin embargo, antes de que se clausurara la misma sesión del 31 de enero pasado, los partidos políticos solicitaron, como un guión perfectamente preconcebido, que los recursos no ejercidos en materia de comunicación social, como consecuencia de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia electoral, se les otorguen para la adquisición de equipos y mobiliario que requieren, o sea, en pocas palabras, tu “como que te opones” y yo “como que te apoyo”; por lo que, ni tarda ni perezosa, Castillo Cervera acepta a bote pronto y pide las propuestas “ipso facto” de los partidos políticos. Puro teatro, pues.
Nada más que, vuelve la mula al trigo, o lo que es lo mismo, la mula no era arisca, los palos la hicieron, ¿no se requiere modificar el reglamento de comunicación social y hasta la propia Constitución y el Código Electoral para decidir qué hacer con esos recursos provenientes del erario público y destinados por ley de presupuesto de egresos para un fin específico? El “non plus ultra” a lo mejor ya tiene preparada la respuesta, ¿cuál será? Se aceptan apuestas.
Entretanto, hay que recordarles que ya los campechanos saben y re contra saben que la elección del 2009 será mucho más difícil para el partido en el poder que la de 2003, y también que la del 97, en que se habló de fraude electoral; que ahora se vive un momento similar, ya que, empieza una desbandada en el partido en el poder; los grupos y familias económica y políticamente fuertes se empiezan a ir a la oposición; hay renuncias de lideres priístas y afiliaciones estratégicas al partido blanquiazul; se empieza a percibir a un PRI totalmente dividido, desdibujado, sin trabajo efectivo ni base social ni política, que da “bandazos” de ciego (como los ataques a Mouriño), pero que se siente subyugado, rebasado y hasta protegido, por la figura presidencial y por el poder federal (léanse los libretos del gobierno estatal en los eventos Plan Puebla-Panamá, CONAGO, entrevistas con Calderón, con autoridades federales, etc.). Ninguna protesta, ninguna queja, ninguna demanda o palabra fuerte, a pesar del indiferente y desigual trato del gobierno federal.
Un PRI que está próximo al resquebrajamiento, falto de liderazgo desde la cúpula hasta las tristemente célebres líderes de colonias, que calladamente se han ido por cuenta propia o también por conveniencia personal, o en el mejor de los casos, por el trabajo más organizado de la oposición política, a las filas del PAN, cuando aún no se deciden (dicen que no son los tiempos), por un candidato de unidad (que ya todos saben quién sería) o por imponer al heredero tri sexenal del clan en el poder.
Y volviendo a los que venden su alma por treinta monedas (¿por qué será que se me viene a la mente al representante “actor” del PRD?), es ilegal el apoyo que se les da a los representantes de los partidos políticos ante el IEEC; las prerrogativas que se debían destinar al alquiler de un local para la representación, al pago del sueldo de una Secretaria y a la compra de papelería necesaria para la realización de sus obligaciones para con el órgano electoral, y sabiendo que la ley establece que estos recursos serán entregados directamente a la dirigencia estatal del partido para que, a su vez, estos los canalicen a las necesidades enunciadas y comprueben con documentación fiscal dichos gastos, ¿por qué los señores consejeros siguen violando la ley? Y la documentación respectiva, ¿verdaderamente estará en regla?¿Por qué se adjudicó a la empresa Plásticos y Metales MyC el contrato por más de tres millones y medio de pesos cuando, la Ley de Presupuesto de Egresos establece que sólo se podrá adjudicar de manera directa una compra si ésta no rebasa la cantidad de 400 mil pesos, ¿desconocimiento de la ley? o ¿asociación delictuosa?
Con todas estas irregularidades, no nos queda más que confirmar e insistir en la mala administración, la opacidad, el oscurantismo y la corrupción que existe, desde ya hace varios años, al interior del órgano electoral estatal, y aunque los dos partidos mayoritarios han dejado mucho que desear con sus “amarres” a nivel federal, a ellos también les corresponde aplicar la Constitución y la Ley en el Estado de Campeche y, por lo tanto, limpiar todo el “cochinero” que existe al interior del Instituto Electoral del Estado, ya que ningún triunfo, sea del partido que fuere, sería creíble y legítimo, bajo la dirección de las actuales autoridades electorales.
¿Querrán los partidos en el Estado arriesgar sus expectativas electorales a costa de la ingobernabilidad y falta de legitimidad que se derivaría de un proceso viciado de origen por las condiciones actuales existentes en el Consejo Electoral del IEEC?
