Celina Castillo CerveraPor: Carlos Martínez.

Mientras a nivel federal el Congreso de la Unión aprueba nuevas reglas para las contiendas electorales, enfocadas primordialmente al control y a la reducción del dinero en la lucha por el poder, en Campeche los integrantes del órgano electoral estatal dan rienda suelta a su falta de visión democrática y a su afán de enriquecerse con los dineros públicos, al aprobar un proyecto de presupuesto de casi 53 millones de pesos, que es un insulto a la inmensa mayoría de las familias campechanas, que sobreviven con menos de dos salarios mínimos diarios y el Congreso del Estado de Campeche les autoriza dicho presupuesto.

Ahora con el argumento de que el próximo es año “preelectoral” y que, por lo tanto, se tendrán gastos extraordinarios, aprueban un presupuesto súper inflado, con la complacencia de los representantes de los partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo que, tal parece, que todo lo ven desde la conveniencia partidista; de esta forma, éstos dos últimos aseguran su tajada en el financiamiento público, que asciende a la exorbitante suma de 23.2 millones de pesos, y eso que no es año electoral.

En SesiónEl IEEC vuelve a caer en las mismas mentiras del año pasado, en que también solicitó un abultado presupuesto de más de 50 millones de pesos, que para este año de 2007, que tampoco fue año electoral, resultaba elevadísimo y totalmente injustificado; sin embargo, el Congreso del Estado lo redujo a 44 millones; para el año electoral de 2006, contempló un presupuesto récord de 105.6 millones de pesos, terminando en un cuestionadísimo ejercicio de recursos, y con acusaciones de corrupción y violaciones a las leyes de licitaciones y del presupuesto. Al respecto, los informes de la Auditoría Superior del Estado señalan que al mes de agosto sólo había ejercido 65 millones de pesos, observándose sobregiros en varias partidas que hasta esa fecha no cuadraban.

Por lo anterior, el IEEC se hizo acreedor de las siguientes recomendaciones: 1) Ajustar el gasto público al presupuesto aprobado; 2) Hacer los trámites necesarios para la aprobación, publicación y difusión del Reglamento sobre el destino final y baja de los bienes muebles del Instituto; 3) Elaborar y aprobar un reglamento de arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles del Instituto; 4) Elaborar y aprobar el Código de Conducta Ética del IEEC; y 5) Disponibilidad de toda la documentación soporte a los eventos a que acudiera quien representara al órgano electoral en evento especiales.

De los informes de auditoría se desprende que, con respecto al sobregiro en gastos, la Presidenta del IEEC se limitó a instruir a la dirección de administración que atendiera esa situación, sin llevar un seguimiento efectivo del mismo; sobre el reglamento que regule la enajenación de bienes muebles del Instituto, la Presidenta acordó que éste sería atendido después del proceso electoral pues -según escrito del IEEC- estaban en proceso de análisis, asentando la Auditoría Superior que dicho organismo no presentó ninguna prueba que avalara estos trabajos, como si los sujetos obligados tuvieran la facultad de decidir cuándo y cómo cumplen las recomendaciones y observaciones del ente fiscalizador del Estado; sobre los informes de gasto, el órgano electoral señaló que no puede cuadrar un año electoral con un año normal; finalmente, la Auditoría Superior del Estado dio por solventadas las observaciones hechas al ejercicio del gasto.

En SesiónUna burla para todo el sistema de transparencia y rendición de cuentas que tanto pregona la titular del órgano electoral y el titular del citado organismo fiscalizador del Estado, a quien debía a su vez, fiscalizársele, ya que en éste y otros casos muy documentados, no cumple con su función y obligación constitucional y legal, y se dedica a aplicar simples observaciones o “recomendaciones” que, finalmente, como en el caso del IEEC, no cumplen o se los pasan por el arco del triunfo, alegando mil pretextos sin ninguna justificación legal.

Si con un presupuesto de más de 105 millones de pesos hicieron lo que quisieron durante el proceso del 2006, que fue un vil asalto en despoblado al erario público, por lo que el Congreso les recortó el presupuesto para este año, ahora cuando el mismo gobierno se ha ajustado los cinturones para ahorrar, el IEEC pide casi 53 millones, en una actitud de incongruencia y terquedad, totalmente faltos de visión social y solidaria para con las necesidades y las limitaciones del Estado.

Si se hace un análisis de las políticas y programas -si a eso se les puede llamar como tales- se tendría que ver exactamente en dónde y en qué proyectos y actividades específicas aplican los recursos, pues que se sepa, fuera de los escandalosos sueldos, compensaciones, bonos y demás que devengan sin hacer nada los flamantes Consejeros Electorales, incluyendo a su Presidenta y a su Secretario Ejecutivo, hasta la fecha no sabemos qué han hecho en pro de la cultura democrática en el Estado, pues ni siquiera han querido o han podido redactar los reglamentos que les exige la Auditoría Superior del Estado, y que es obligación del IEEC emitir para contar con la normatividad necesaria para cumplir con su función constitucional.

Por otro lado, vemos que lo poco que han hecho, como los dictámenes de la Comisión de Fiscalización, que obligadamente lo tienen que hacer en los tiempos que marca el CODIPEC, lo han hecho mal y, peor aún, han perdido todas las impugnaciones que los partidos políticos han presentado ante el Poder Judicial del Estado en contra del órgano electoral, es decir, no dan una, y todavía con soberbia y cinismo señalan que esto se debe a criterios de interpretación.

Y a propósito del “acreditado” cuerpo de abogados con que se supone cuenta el IEEC, que por cierto cuentan con salarios muy superiores en comparación con otras dependencias y entidades de los demás poderes del Estado, cabe preguntarle a la Presidenta de ese organismo, por qué se paga a un despacho denominado Despacho Corporativo de Asesores y Abogados, S. C., como los encargados de realizar las actualizaciones a los reglamentos internos del IEEC y, consiguientemente, para elaborar los demás reglamentos que requiera para su operación, como los que le observó la Auditoría Superior y que prácticamente se negaron a acatar; por lo que, concluimos, que si el trabajo jurídico se realiza por contrato externo y mediante el pago, suponemos que millonario, a un despacho jurídico cuyos antecedentes desconocemos, entonces, qué es lo que hacen ya no los señores consejeros, que ya sabemos que cada quien se dedica a lo suyo pues, a sus notarías, despachos, clases o asuntos particulares, sino los asesores jurídicos internos con que cuenta la Institución, o ¿se trata de puros aviadores?, pues… sent..

En fin, nos gustaría saber, como a cualquier ciudadano común (no corriente, que conste), de este Estado, ¿cuáles son los logros del Instituto Electoral en lo que va del 2007, en materia de capacitación electoral y educación cívica, redistritación electoral, propuestas de reformas al Código Electoral y a sus Reglamentos, contribuciones al desarrollo de la vida democrática del Estado, acciones para asegurar a los ciudadanos campechanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y para llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, etc., etc.

Y no estamos inventando cosas, es lo mínimo que les exige la Constitución del Estado (Artículo 24) y el Código Electoral (Artículo 136), y si no están cumpliendo con esto, entonces, ¿para qué sirve un Instituto Electoral que pide 53 millones de pesos para gastar en un año no electoral?

Para nada, y es por ello que hay voces acreditadas que piden la desaparición de los Institutos Electorales de los Estados, y que sea el IFE el que organice las elecciones estatales, ya que aquéllos representan una cuantiosa e injustificada carga al erario público, y aparte, se prestan a todo tipo de componendas y está probada su parcialidad para apoyar a candidatos oficialistas, amén de que están infectados de corrupción y de malos manejos, como ya ha sido probado en muchos casos debidamente documentados, como es el caso del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

En fin, los señores legisladores del Congreso del Estado aún están a tiempo de hacer un riguroso análisis del proyecto de presupuesto del órgano electoral, en base a un estudio imparcial y realista de sus programas, proyectos y acciones contemplados en su agenda de trabajo y si esta agenda está basada en las necesidades reales y sustentada en la Constitución y en la Ley, porque como dijo la diputada Nelly Márquez Zapata ante el Pleno del Poder Legislativo, “…a la fecha existen dudas de los recursos del 2006”, por lo que, se hace indispensable que el IEEC primero rinda cuentas claras, transparentes y creíbles de la aplicación de sus recursos; cuestión que no ha hecho, por lo que es preocupante el silencio, la cerrazón y la opacidad con que se ha conducido una Institución que debe ser ejemplo de transparencia, legalidad y honestidad ante la ciudadanía.

¿Hasta cuándo?

Cortesía: Campechehoy.blogspot.com