Por: Eliseo Moreno Chin
Uno de los temas que han acaparado la atención de los mexicanos en los últimos días es la ya famosa reforma electoral, que generó nuevamente la lucha entre el duopolio televisivo (Televisa y Azteca) y el Congreso de la Unión, misma que se ha recrudecido en los últimos días; pero lo que verdaderamente ha generado estos nuevos desencuentros entre un gran número de legisladores y las televisoras comerciales es la propuesta de salida de los actuales Consejeros Electorales del IFE, a quienes se les achaca sino fraude electoral, sí el haber contribuido o haber sido omisos para detener la ominosa intromisión en el proceso electoral de las autoridades federales panistas y de los grandes empresarios beneficiarios del régimen, encabezados todos por el exPresidente Vicente Fox.
Por lo tanto, las televisoras también beneficiarias económicas del espoteo de la guerra sucia, desde luego que están cuidando sus grandes intereses económicos; por eso están en contra de la remoción de los consejeros, como una forma muy sutil de decir que la reforma electoral no es de su agrado, ya que termina con la contratación directa de spots en tiempos electorales por parte de los partidos políticos, lo cual les representaba miles de millones de pesos de ganancias fáciles en cada proceso electoral.
Por otro lado, las bancadas del PRI y del PRD, con tonos diferentes pero al fin con la misma intención, piden la salida de todo el Consejo actual, como una condición indispensable de la reforma electoral y una condición también de la reforma electoral, por lo tanto, ¿qué hay de fondo en esta lucha de poderes, uno constitucional y el otro fáctico, el llamado “cuarto poder”?
Los medios han señalado que entre las reformas electorales está la reducción en los gastos de campaña de hasta un 50 por ciento en las presidenciales y de hasta un 70 por ciento en las intermedias, además de que ya no habría contratación directa de spots por parte de los partidos políticos, además de que el tiempo que por ley le corresponde al Estado, sería destinado a los partidos en campaña; lo anterior, aunado a la reducción de los días destinados a las campañas, represente un duro golpe a los intereses económicos de las televisoras.
Y podemos poner como ejemplo, que el año pasado en las elecciones presidenciales se gastaron cerca de tres mil millones de pesos para publicidad de las campañas y candidatos en los medios, de lo cual el 60 por ciento quedó en poder de los medios electrónicos (Televisa y TV Azteca); esto nos indica que dichas cantidades de dinero ya no ingresarían en su totalidad a estas televisoras, por lo que se entiende ahora el por qué de la lucha mediática, moviendo gran cantidad de recursos y de influencias hasta en el medio intelectual, para que dicha reforma no pase, o cuando menos, para que no sea aprobada como originalmente fue planteada por el PRI y el PRD, quitándole las aristas incómodas a sus intereses.
Las presiones de las televisoras en contra del Poder Legislativo han aumentado en los últimos días a tal grado que, según las encuestas realizadas por TV Azteca, el 47 por ciento de los encuestados confían en el IFE, mientras que Televisa ha utilizado abiertamente a las agrupaciones empresariales (COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, CONCAMIN), así como a algunos intelectuales y polítólogos a modo del régimen, para hablar en contra de la reforma y la salida de los Consejeros, blandiendo el pretexto socorrido e ingenuo de que es un atentado a la democracia mexicana, ¿cuál?, a la autonomía ¿para delinquir? del IFE, que es “una institución de todos los mexicanos”, si es así, que compartan con los más pobres los estratosféricos sueldos que ganan los Consejeros (más de 200 mil pesos mensuales).
Pero, ¿verdaderamente se están defendiendo los intereses de la nación o únicamente los intereses del monopolio televisivo? Porque usar a los Consejeros Electorales, a las cúpulas empresariales y a los ingenuos intelectuales a modo y como escudo para los intereses de Televisa y TV Azteca, usando el derecho constitucional a la libertad de expresión, no para opinar y disentir razonadamente, sino para imponer sus intereses particulares en la conciencia de los mexicanos, es inmoral e inaceptable.
Aquí valdría la pena recordar que a raíz de su actuación en el cuestionadísimo proceso electoral del 2006, los Consejeros Electorales fueron mal vistos por más de la mitad de los ciudadanos que salieron para depositar su voto, 16 millones, porque si hubieran aplicado la ley, hubieran detenido la guerra sucia y sancionado a los culpables de la misma, tanto partidos como empresarios, se le hubiese callada la boca al tan activo e insolente Fox, se hubiese vigilado y capacitado efectivamente a las integrantes de las casillas, se hubiese cumplido en suma, de manera puntual y estricta, imparcial, con lo previsto en la Ley en todos los pasos del proceso electoral; el actual Presidente no tendría que pasar cada día y cada gira por el trago amargo de la ilegitimidad.
La verdad es que, contrariamente a lo que se dice, el IFE no es ni de los Consejeros Electorales, ni de los ciudadanos ni de los partidos políticos; es una Institución profesional y autónoma, creada por el Estado Mexicano para regular y organizar ordenada e imparcialmente las elecciones constitucionales federales, que opera bajo los principios que la rigen, mismos que sí pueden ser trastocados por Funcionarios y Consejeros que tengan otros intereses ajenos a la legalidad y a la buena marcha de la democracia, la imparcialidad y la equidad en la competencia electoral; al haberse viciado la integración del IFE en 2003, repartiéndose el nombramiento de sus Consejeros como un botín no entre dos fuerzas políticas sino entre pandillas y oportunistas como la vituperada líder magisterial, se sentó la base para su quiebra total, que finalmente tuvo su culminación en el proceso del 2006; ni los partidos que los eligieron ni la mayoría de la sociedad confían en que tendrán un desempeño imparcial y honesto en los próximos procesos electorales.
¿Por qué el Presidente del IFE sale a la defensa de los Consejeros y de su propia cabeza, enfrentando a los otros dos poderes?; ¿Por qué ni los propios empleados y funcionarios del IFE se han manifestado a favor de los Consejeros?, ¿Por qué no le han preguntado a los ciudadanos, de manera imparcial, qué opinan del IFE y de sus Consejeros?, ¿por qué sólo a los empresarios y a los intelectuales que en una u otra forma viven de la cultura mediática y de la ubre presupuestal?
Vemos que la nueva estrategia de los legisladores que sí quieren la remoción total de los Consejeros ya se echó a andar con la discusión y estudio de las adecuaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión; en este sentido, la estocada efectiva hacia el duopolio televisivo se estaría dando en cualquier momento, a menos que den marcha atrás con su mediática “guerrita” convenenciera en contra del Congreso.
Para terminar, amable lector, ¿usted confía en los Consejeros del IFE?
